Silicon Chess

Silicon Valley tiene un plan para Chile. Y no te van a pedir permiso.

Porjsalgado

Hay una conversación que está ocurriendo en las altas esferas del poder tecnológico global y que tiene consecuencias directas para el trabajador chileno. No se está dando en el Congreso ni en La Moneda. Se está dando en los directorios de empresas que no rinden cuentas ante ningún ciudadano, en alianzas entre multimillonarios y gobiernos que comparten una visión común: que la democracia es un obstáculo para la aceleración tecnológica.

Y Chile está en el mapa.

Una nueva clase de poder que no conoces pero que ya te afecta

Ariel Goldstein, investigador del CONICET y autor de La nueva oligarquía tecnológica, lo describe con precisión: en el siglo XXI las infraestructuras críticas — plataformas digitales, IA, redes de datos, sistemas de comunicación global — están pasando crecientemente a manos de corporaciones privadas que no son electas, rinden cuentas de forma limitada y operan a escala global, muchas veces por fuera de las capacidades regulatorias de los Estados nacionales.

Dicho de otra manera: el poder que antes tenían los Estados para proteger a sus ciudadanos se está desplazando hacia empresas que nadie eligió y que no tienen obligación de responder ante nadie que no sean sus accionistas.

Goldstein propone una tipología que ayuda a entender cómo opera este nuevo régimen:

Los arquitectos — ideólogos que diseñan las tecnologías para ejercer dominación tecnocrática — como Peter Thiel y Alex Karp de Palantir. Los operadores carismáticos — los que movilizan afectos e incitan a la polarización — como Elon Musk. Los administradores — los que gestionan las plataformas donde transcurre la vida social — como Zuckerberg, Bezos y Sam Altman. Y los traductores periféricos — quienes adaptan ese modelo a contextos locales en crisis — como Milei en Argentina, Noboa en Ecuador o Bukele en El Salvador.

Esa última categoría es la más relevante para entender lo que está ocurriendo en América Latina. Los traductores periféricos llevan el experimento a territorios donde puede aplicarse con menos resistencia institucional. En la periferia, a través de la experiencia del shock, se aplican políticas que en el centro no se pueden implementar de la misma manera.

La pregunta que Chile debería hacerse es directa: ¿somos el próximo laboratorio?

Lo que está en juego no es abstracto

Peter Thiel lo ha dicho explícitamente y sin eufemismos: considera que la libertad y la democracia son incompatibles. Él y quienes piensan como él proponen avanzar hacia un régimen autoritario, influenciados por pensadores como Curtis Yarvin, quien propone abiertamente reemplazar las democracias por lo que llama un CEO-monarca.

No es una idea marginal. Es la base filosófica de uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, con tentáculos en los principales gobiernos del mundo occidental.

Y tiene consecuencias directas para el trabajador. Porque la desregulación que estos actores promueven no es solo financiera o ambiental. Es desregulación laboral. Es la eliminación sistemática de los mecanismos que hoy — imperfectos como son — todavía protegen al trabajador frente al poder de las plataformas y las corporaciones.

Lo que quieren construir, en palabras del propio Goldstein, son economías donde las plataformas tecnológicas tengan garantizada la explotación máxima de los trabajadores y su sometimiento al poder del dinero y los algoritmos.

El régimen que ya está emergiendo

Goldstein lo llama régimen tecnopolítico. No es ni democracia ni dictadura. Es una situación donde los ciudadanos siguen votando, pero ese régimen está cada vez más vaciado de sustancia democrática. Porque lo que los ciudadanos votan ya no tiene efectos reales — las decisiones que importan las toman las grandes corporaciones tecnológicas.

Eso no es ciencia ficción. Es lo que está ocurriendo cuando una plataforma decide qué trabajos existen en la economía gig sin que ningún organismo democrático lo haya aprobado. Es lo que ocurre cuando un algoritmo determina el salario de un conductor o el acceso a crédito de un pequeño empresario sin ningún tipo de rendición de cuentas. Es lo que ocurre cuando los gobiernos que deberían regular ese poder están siendo influenciados por los mismos actores que lo ejercen.

La crisis actual no es únicamente una crisis de representación política. Es una crisis de soberanía cognitiva y tecnológica. Cuando la inteligencia colectiva depende de infraestructuras privadas, la ciudadanía deja de ser plenamente autónoma.

Lo que Chile no está haciendo y debería

Chile no tiene hoy una política pública robusta sobre IA y trabajo. No tiene mecanismos claros para regular las plataformas que operan en su territorio. No tiene una conversación seria sobre soberanía tecnológica.

Y eso, en el contexto de lo que Goldstein describe, no es una omisión menor. Es una vulnerabilidad.

El desafío del siglo XXI no consiste en restaurar el pasado ni en defender mecánicamente instituciones heredadas. Consiste en reinsertar el poder infraestructural dentro de marcos democráticos efectivos. Si el poder se desplazó hacia sistemas globales, la democracia deberá encontrar mecanismos para operar en esa misma escala. De lo contrario, la política quedará confinada a administrar efectos locales de decisiones que se toman en otro lugar.

Silicon Valley tiene un plan para el trabajo, para los datos, para la infraestructura digital de los próximos cincuenta años. Ese plan ya está en marcha.

La pregunta es si Chile va a participar en diseñarlo o simplemente va a recibirlo.

Fuentes:

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