Los que quedamos atrás

Los que quedamos atrás: envejecimiento, trabajo y el Estado que aún no llega

Hay una escena que se va a repetir millones de veces en las próximas décadas. Un hombre o una mujer de 55 años, con treinta años de trayectoria laboral, pierde su trabajo porque la empresa automatizó el proceso que hacía posible su rol. No hay un reemplazante. No hay una reconversión realista en el horizonte inmediato. No hay ahorros suficientes para esperar. Y el Estado — ese que se supone existe precisamente para estos momentos — ofrece programas diseñados para un mercado laboral que ya no existe.

Esa escena no es ficción. Es el presente de millones de personas en Chile y en América Latina. Y en las próximas dos décadas, va a ser el presente de muchos más.

El doble impacto que nadie está calculando bien

Chile envejece rápido. Según la CEPAL, para 2050 el 32% de la población chilena tendrá 60 años o más — más de 6,4 millones de personas. Hoy, el 40,1% de los hogares chilenos ya tiene un adulto mayor entre sus integrantes. La esperanza de vida al nacer llegó a 80,7 años.

Al mismo tiempo, la automatización avanza. McKinsey estima que entre el 60% y el 70% de las tareas en ciertas ocupaciones son automatizables. Goldman Sachs calcula que la IA generativa podría afectar 300 millones de puestos globalmente. Y los sectores donde se concentra el empleo senior — servicios administrativos, contabilidad, atención al cliente, análisis rutinario — son exactamente los que la desintermediación tecnológica está vaciando primero.

El resultado de esos dos procesos ocurriendo simultáneamente es una ecuación que nadie quiere resolver en voz alta: una población que envejece más rápido de lo que el mercado laboral puede absorberla, en un contexto donde los roles que esa población ocupaba están siendo eliminados por la tecnología.

El Estado y sus programas diseñados para otro mundo

Chile tiene instrumentos. El SENAMA desarrolló la Política Integral de Envejecimiento Positivo, orientada a la autonomía e independencia de las personas mayores. El SENCE cuenta con el programa «Experiencia Mayor» para subsidiar la contratación de personas sobre 50. La OIT ha documentado los cinco fenómenos que condicionan el empleo senior en la región: envejecimiento poblacional, edadismo, consolidación de la seguridad social, inserción femenina en el mercado laboral y el objetivo de empleo pleno.

El problema no es que esos programas no existan. El problema es que fueron diseñados para una transformación gradual del mercado laboral. La automatización impulsada por IA no es gradual.

Cuando un trabajador mayor de 50 pierde su empleo en Chile, tarda en promedio más de 10 meses en encontrar otro — y muchas veces en condiciones peores. El SENAMA no tiene capacidad de acompañar esa transición a la velocidad que el mercado la está produciendo. Y la seguridad social chilena — todavía estructurada en torno al empleo formal y las cotizaciones — no tiene un mecanismo de respuesta para el trabajador que queda fuera no por vejez sino por desintermediación tecnológica.

La pregunta que los CEO de IA ya están respondiendo — a su manera

En enero de 2026, Sam Altman, CEO de OpenAI, presentó en el Consumer Electronics Show su visión del futuro: Inteligencia Artificial General, fusión nuclear y Renta Básica Universal como los tres pilares de un nuevo orden económico. Elon Musk predijo en diciembre de 2025 que la IA y la robótica llevarán a que el trabajo se convierta en una opción, y que la Renta Básica Universal sería el mecanismo de compensación.

No es casual que los principales responsables de desarrollar la tecnología que desplaza trabajadores sean también los principales voceros de la renta básica. Hay en esa coincidencia algo que merece análisis: es más fácil proponer un ingreso mínimo universal que asumir la responsabilidad de lo que sus productos están haciendo al tejido laboral.

Pero más allá de las motivaciones, la propuesta existe y está siendo piloteada. Irlanda implementó entre 2022 y 2025 el programa Basic Income for the Arts, entregando 325 euros semanales a 2.000 artistas. Los resultados fueron significativos: disminuyeron los niveles de estrés y ansiedad, se redujo la dependencia de otras prestaciones sociales y aumentó la productividad. En Estados Unidos, AI Commons Project y What We Will se propusieron distribuir hasta 3 millones de dólares en 2026 para trabajadores desplazados específicamente por IA.

Estos no son experimentos marginales. Son señales de que la conversación sobre protección social en la era de la automatización ya está ocurriendo — solo que no en Chile.

Lo que la protección social no puede resolver sola

Aquí es donde la reflexión necesita ir más allá de lo económico.

En el artículo anterior de esta serie planteé que el trabajo no es solo ingreso — es identidad, pertenencia y propósito. El trabajo ha sido durante milenios el eje ordenador de la vida humana. Hannah Arendt lo llamó la actividad que permite al ser humano construir un mundo duradero, dejar huella, ocupar un lugar en la historia colectiva.

Una renta básica puede resolver el problema de la subsistencia. No puede resolver el problema del sentido.

El trabajador de 58 años que pierde su empleo no solo pierde ingresos. Pierde la respuesta a la pregunta «¿a qué te dedicas?», que es también la respuesta a «¿quién eres tú en esta comunidad?». Un ingreso mensual no devuelve eso. Y ninguna política pública ha encontrado todavía cómo compensar esa pérdida.

Para quienes llevamos décadas construyendo nuestra identidad en torno al trabajo, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando ese eje desaparezca o se vacíe de contenido no es abstracta. Es personal. Y la respuesta que el Estado, las empresas y la sociedad estén preparados para dar — o no dar — va a definir el tipo de vejez que le espera a una generación entera.

La deuda que nadie está contabilizando

Los balances corporativos celebran la eficiencia de la automatización. Los índices bursátiles suben cuando una empresa anuncia miles de despidos y reemplazos por IA. Lo que no aparece en ningún balance es el costo social de esa eficiencia: el gasto en salud mental que genera el desempleo prolongado, el impacto en las pensiones de personas que cotizarán menos años, la presión sobre los sistemas de cuidado cuando una generación envejece sin los recursos que esperaba tener.

Ese costo existe. Lo está pagando la sociedad. Y mientras los Estados no construyan mecanismos específicos para la transición tecnológica — no los programas genéricos de capacitación que ya existen, sino políticas diseñadas para la velocidad y la escala de lo que está ocurriendo — esa deuda seguirá creciendo silenciosamente.

La pregunta no es si podemos permitirnos proteger a quienes quedan atrás.

Es si podemos permitirnos no hacerlo.


Fuentes:

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