El gobierno de emergencia es la emergencia del gobierno

La narrativa de la crisis permanente, los recortes fiscales y el silencio cómplice de los medios: manual de comunicación estratégica para gobernar para pocos mientras se promete gobernar para todos.

Toda organización en crisis necesita, antes que soluciones, un relato. Godoy y Opazo lo explican en La empresa es el mensaje: el primer paso de la gestión comunicacional de una crisis no es resolver el problema, sino encuadrarlo. Definir quién es responsable del daño, cuan profundo es y cuánto tiempo tomara superarlo. Esa arquitectura narrativa determina como se juzgara al conductor en los meses y años que siguen. El gobierno de José Antonio Kast aprendió la lección. La aplico desde antes de asumir.

I. La emergencia como encuadre: ganar tiempo mientras se instala el aparato

Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que imaginábamos, declaro Kast en su primera gira presidencial desde el Biobío. Es una frase funcionalmente perfecta. No es una descripción: es una operación comunicacional de tres movimientos simultáneos. Traslada la responsabilidad al gobierno anterior, instala expectativas bajas para el presente y compra tiempo político para el futuro.

El Plan Desafío 90 no es solo un programa de gobierno: es un dispositivo de gestión de percepciones. El propio equipo reconoció que los primeros meses serian complejos porque los cambios no serían de un día para otro. La traducción es clara: si algo no funciona bien en los primeros 90 días, la narrativa ya esta lista. El gobierno heredo una catástrofe. Den tiempo.

Mientras los ministerios reciben instructivos de recorte ineludible y sin excepción, el gobierno anuncia planes de reconstrucción. El lenguaje de la emergencia cubre ambas operaciones con el mismo manto comunicacional.

Esa ventana tiene un objetivo menos visible pero más relevante: colocar operadores propios en las subsecretarías, servicios y ministerios que ejecutan el Estado real. No el Estado visible de los titulares, sino el que licita, fiscaliza, contrata y administra recursos cotidianamente. El libro llama a esto alineamiento organizacional hacia adentro: sin coherencia interna, ningún mensaje hacia afuera es sostenible. Kast lo aplica con una lógica precisa: coherencia ideológica en cada repartición del aparato estatal.

II. La rebaja de impuestos: cuando el Stakeholder más importante pasa la cuenta

El 14 de marzo, a apenas tres días de asumir, Kast presento su Plan de Reconstrucción Nacional desde Lirquén, parado entre los escombros de los incendios del Biobío. El timing y la escenografía eran impecables. La sustancia del plan contaba otra historia.

El paquete incluye reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% para medianas y grandes empresas, con rebaja adicional al 20% para quienes demuestren contratación formal; eliminar el impuesto a las ganancias de capital en acciones; exención temporal del IVA a la vivienda; y eliminación gradual de contribuciones comenzando por adultos mayores. Según estimaciones del propio equipo económico, la merma fiscal alcanzara los USD 3.500 millones anuales en régimen.

USD 3.500 millones que el Estado dejara de recaudar de las grandes empresas. Compensados con USD 3.800 millones de recorte al gasto público. El ajuste lo pagan los servicios. El beneficio se lo llevan los mismos que financiaron la campaña.

Desde el Congreso, la oposición nombro lo evidente. El senador Diego Ibáñez señaló que Kast eligió las cenizas de Penco para anunciar una rebaja de impuestos a las grandes empresas y un recorte a la gratuidad. La diputada Emilia Schneider fue más directa: en campaña, Kast prometió que no habría recortes a los beneficios sociales. Su primer proyecto de ley los recorta.

Godoy y Opazo advierten que el gap entre lo que una organización promete y lo que hace es el origen de toda crisis reputacional. El relato de la emergencia es precisamente la cobertura comunicacional que permite ese movimiento sin que sea percibido como incumplimiento: no es que hayamos querido recortar la gratuidad; es que no había otra salida.

III. Un estado en mejor forma de lo que el gobierno admite

El relato de la debacle heredada necesita ser confrontado con datos. No porque el gobierno de Boric haya sido un éxito económico, sino porque la distancia entre la narrativa de catástrofe y la realidad de los indicadores es, en sí misma, una operación comunicacional.

Al cierre del mandato de Boric, la inflación había bajado del histórico 14,1% registrado en agosto de 2022 hasta el 3%, alcanzando la meta del Banco Central. El salario mínimo llego a $500.000, el más alto de la historia. La pobreza multidimensional alcanzo sus niveles más bajos registrados. La OCDE señaló en su estudio 2025 que la economía chilena había regresado a su crecimiento tendencial gracias a políticas macroeconómicas adecuadas. El PIB creció un 2,6% en 2024, por encima de las proyecciones. La inversión extranjera directa tuvo años especialmente positivos en 2023 y 2025, superando promedios de la década anterior.

Es cierto que la deuda bruta llego al 41,7% del PIB, que el desempleo promedio fue de 8,4% y que el crecimiento del mandato completo fue bajo. Pero la narrativa de un Estado quebrado y una economía en colapso no resiste la comparación con los datos del Banco Central, la OCDE ni el Servel. La emergencia es, en parte, una construcción.

Cuando Kast dice que recibió un gobierno en peores condiciones de las que imaginaba, está leyendo un guion escrito antes de conocer los números reales. El encuadre comunicacional precede al diagnóstico técnico. Eso tiene un nombre: manipulación de agenda.

IV. Los medios y el giro silencioso de la agenda

Hay un patrón en la cobertura mediática chilena que resulta difícil ignorar. Durante los cuatro años del gobierno de Boric, los delitos dominaron la agenda informativa en los medios privados del país. Un estudio del Consejo Nacional de Televisión revelo que la información sobre sucesos policiales ocupaba la mayor cantidad de tiempo de pantalla en prácticamente todos los canales privados. El propio Boric lo dijo públicamente: el afán de los grandes diarios por las malas noticias generaba la imagen de que Chile era un país infernal.

El mercado de los diarios chilenos está concentrado en dos grupos: El Mercurio S.A.P. y COPESA, propietaria de La Tercera. Ambos tienen una línea editorial consistentemente conservadora, documentada académicamente. El Mercurio, en particular, tiene un historial de alineación con los intereses del gran empresariado que se remonta al siglo XX, incluyendo el financiamiento de la CIA durante el gobierno de Allende, según archivos desclasificados.

Lo que resulta observable es el contraste entre entonces y ahora. La agenda de robos, asaltos y sensación de inseguridad que domino la cobertura durante el gobierno de izquierda ha dado paso, en los primeros días de Kast, a titulares sobre planes de reconstrucción, reactivación económica y promesas de inversión. La percepción de inseguridad, que según la ENUSC 2025 seguía siendo el problema más grave para el 87,7% de los chilenos, no desapareció el 11 de marzo. Lo que cambio fue quien gobierna.

Godoy y Opazo son explícitos al respecto: los medios de comunicación son Stakeholders. No son neutrales. Tienen intereses propios que se expresan en sus decisiones de cobertura. El libro advierte que una organización que entiende el mapa de sus Stakeholders puede anticipar cuales le serán favorables. Kast lo sabe. Y los medios hegemónicos chilenos están jugando el rol que históricamente les corresponde en este guión.

Nota: Esta columna es la segunda parte de la serie Kast leído desde La empresa es el mensaje, utilizando como marco analítico del libro de Godoy y Opazo (Ediciones El Mercurio, 2015). Los datos económicos provienen del Banco Central de Chile, OCDE, Dipres y Servel. Las cifras tributarias son las informadas por el propio equipo económico del gobierno.